Para algunos el fuero militar es algo que debe mantenerse ya que permite al ejército mexicano realizar sus operaciones para salvaguarda de la nación sin obstáculos burocráticos que impidan llevar a buen fin las mismas.
Sin embargo para muchas voces esta figura jurídica se torna un privilegio para las fuerzas castrenses colocándolas en un estado de superioridad sobre la justicia que emana de la constitución y del derecho común derivado de la carta magna.
Se ha considerado que el artículo 13 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es impreciso al establecer un fuero de guerra válido única y exclusivamente para faltas y delitos que vayan contra la disciplina militar, sin embargo al hacer un análisis más profundo el mismo nos deja ver que la jurisdicción no poder más allá de las personas cuya pertenencia sea ajena al ejército y la imprecisión reiterativa en cuanto a cuestiones de faltas y delitos contra la disciplina militar.
El artículo 57 fracción II de la legislación derivada y para ser más específicos en el código de justicia militar refiere que los citados delitos son aquellos que son "los de orden común o federal" realizados por miembros de las Fuerzas Armadas.
Los tribunales militares, según manda el artículo 128 constitucional; tienen la obligación de guardar la constitución y las leyes que de ella emanen, como servidores públicos que son; y en la aplicación del código de justicia militar a efectivos castrenses que sean inculpados por ilícitos cuya constitución no sea una transgresión a la disciplina militar por un lado y por el otro la manera en que se ven perjudicadas víctimas y ofendidos particulares en casos resueltos por la justicia militar en lo concerniente a la violación de los derechos humanos, afectación de la que han tomado nota organismos a nivel nacional e internacional.
El estado de Chiapas, es uno de los más afectados por la violencia armada la cual incide de manera directa en la población infantil, en el mismo se ha pedido la denuncia como investigación y participación por parte de organizaciones no gubernamentales con el fin de elaborar programas a nivel nacional cuya finalidad sea proteger y vigilar los derechos humanos de la niñez, tal y como hace la sociedad civil en Canadá para elaborar instrumentos de política exterior.
Es en este estado del sur de la República mexicana, donde se ha acusado al ejército mexicano y a la policía de seguridad pública de apoyar grupos paramilitares de una organización denominada "paz y justicia" los cuales presuntamente son responsables de la ejecución y desaparición de personas en los denominados "años de terror y guerra" en el encuentro anual de las comunidades de la zona baja de Tila, en Masojá Suchjá.
También la llamada comisión de mediación entre el partido Democrático popular revolucionario-ejército popular revolucionario y el gobierno federal acusaron la desaparición de dos de sus militantes en el estado mexicano de Oaxaca presuntamente por agentes estatales de los tres niveles de gobierno y miembros del ejército mexicano en el año del 2007, siendo este estado uno de los que registra 470 casos de "desaparición forzada"
Los tres niveles vigentes en el gobierno ha recibido recomendaciones por parte de la Comisión nacional de los derechos humanos CNDH en casos como el antes mencionado e incluso por la sección de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas sin embargo, esta última fue descartada por nuestro país.
A raíz de la guerra contra el narcotráfico el tema del fuero militar ha sido tema de debates políticos en cuanto a su reestructuración a los tiempos vigentes, esto llevó al presidente Felipe Calderón a entregar a la Cámara de Senadores una propuesta cuyo fin es la terminación del fuero militar cuando sean violados los derechos de los civiles, la misma afectaría el código Federal de procedimientos penales, el código de justicia militar, la ley orgánica del poder judicial, el código penal federal, y la legislación que establece las normas que tienen que ver con la manera de readaptar socialmente a los sentenciados.
Lo que se busca la satisfacción de las exigencias democráticas para un ajuste legislativo relacionado los principios de disciplina y obediencia a los cuales están subordinados los marinos y soldados de la República mexicana.
Esta reforma al texto de la constitución tiene la finalidad de que las leyes nacionales se obliguen a garantizar y respetar los derechos humanos encontrados en los tratados firmados y ratificados por la República mexicana, todo esto con el fin de que se acabe de una vez por todas con la aplicación de la jurisdicción militar en casos donde se hayan violado los derechos humanos tal y como sentenció la corte interamericana de derechos humanos en el año 2009.
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco ha sido reiterativo en que el fuero militar mexicano debe ser modificado para estar más acorde con los estándares internacionales de modo tal que de ser cometido una violación a los derechos humanos en contra de civiles por parte del ejército, sus tribunales no se hagan cargo de los casos.
Es ante esta situación, que la sociedad exige que se profundice más en qué es lo que motiva al aspirante a unirse al ejército mexicano, para tener bien definido el perfil de protector de la nación que el pueblo espera; y por último, si se debe seguir erogando recursos obtenidos de manera tributaria para tener un ejército de manera regular o permanente; cuyas funciones han sido desvirtuadas en los últimos años.
martes, 17 de mayo de 2011
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